La política energética actual del gobierno mexicano ha impactado negativamente en el desarrollo de la energía eólica, deteniendo la entrada en operación de 35 plantas que representan una capacidad de 5,800 megawatts y una inversión de 5,800 millones de dólares, según Gerardo Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee). La industria eólica, que podría contribuir significativamente a las metas de energía limpia de México con hasta 15 gigawatts, enfrenta obstáculos que hacen difícil alcanzar estos objetivos debido a retrasos y falta de apoyo en la transición energética.
México necesita agregar al menos 30 gigawatts de capacidad de generación de energía limpia para 2030 para cumplir con compromisos internacionales. Sin embargo, el avance hacia este objetivo se ve obstaculizado por una serie de retos, incluyendo la lentitud en el otorgamiento de permisos y la falta de certeza jurídica para los inversionistas. A pesar de estas dificultades, el sector eólico aspira a expandir su capacidad a casi 18 gigawatts para 2030, lo que requeriría un crecimiento de 143% en seis años.
La Amdee ha sostenido reuniones con equipos de transición de candidatos a la presidencia para discutir cómo impulsar la industria y asegurar la participación en proyectos complejos como la transmisión de energía. Sin embargo, la inversión está actualmente pausada, especialmente en proyectos de mayor escala, debido a la incertidumbre regulatoria y a una política gubernamental que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima del sector privado.
Esta situación ha llevado a un notable descenso en la nueva capacidad generada por energía eólica, con solo 96 megawatts añadidos en 2023, una disminución del 39% en comparación con el año anterior. La industria eólica, que actualmente representa el 8.26% de la capacidad instalada en México, enfrenta desafíos significativos para mantener su crecimiento y contribuir a los objetivos de energía limpia del país.
La Amdee propone cuatro puntos clave para impulsar el sector: aumentar la red de transmisión, reactivar las inversiones en renovables de gran escala, diseñar mecanismos de participación público-privada, y aprovechar el almacenamiento de energía. Además, enfatiza la importancia de mantener la autonomía de los órganos reguladores para asegurar un balance y una competencia justa en el mercado energético.
Con información de El Economista | Nota original
