La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, junto con otros gremios y organizaciones sociales, realizó el miércoles una huelga general y una masiva manifestación en Buenos Aires. Esta medida de fuerza es la primera gran protesta contra las políticas del presidente Javier Milei, quien asumió el cargo en diciembre durante una crisis económica.
El foco de la protesta es la oposición a las reformas fiscales y neoliberales propuestas por Milei, que incluyen la flexibilización de las condiciones laborales, la privatización de empresas estatales y la relajación de normas ambientales. Estas reformas están contenidas en un extenso decreto y un proyecto de ley, conocido como «ómnibus» por su amplio alcance, que Milei ha enviado al Congreso.
Los líderes sindicales, como Pablo Moyano de camioneros, expresaron su rechazo a las políticas del gobierno, acusándolo de ajustar a los trabajadores y quitarles derechos. La CGT busca que el Congreso rechace estas propuestas legislativas.
La huelga afectó significativamente a servicios esenciales en todo el país, incluyendo el transporte, los bancos, los hospitales y las oficinas públicas. Además, la manifestación generó cancelaciones de vuelos y perturbaciones en otros sectores.
Milei asumió la presidencia en un contexto de alta inflación y pobreza. Sin embargo, las medidas de austeridad propuestas para enfrentar la crisis fiscal han sido controversiales, con críticos argumentando que podrían aumentar la pobreza y afectar negativamente a los trabajadores y sindicatos.
La canciller argentina, Diana Mondino, defendió la postura del gobierno, alegando que las reformas son necesarias para estabilizar la economía y reducir la inflación, aunque reconocen que la reducción de subsidios estatales podría incrementar los niveles de pobreza.
La situación en Argentina muestra la complejidad y el desafío de implementar reformas económicas en un contexto de crisis económica y alta inflación, con el gobierno enfrentando la difícil tarea de equilibrar las necesidades fiscales con las preocupaciones sociales y laborales.
Con información de El Economista | Nota original
