La reciente reforma judicial en México está generando preocupación entre los expertos económicos, quienes advierten que podría tener un impacto negativo significativo en la economía del país. Mariana Campos, directora de México Evalúa, expresó que la reforma no garantiza un Poder Judicial de calidad capaz de atraer inversión y fomentar el desarrollo empresarial. Según Campos, la justicia en México enfrenta debilidades estructurales que no se abordan con esta reforma, y su implementación podría agravar la situación económica en un año ya desafiante para el país.
Campos señaló que la falta de discusión profunda sobre los efectos económicos de la reforma judicial ha dejado muchos aspectos sin analizar, especialmente en lo que respecta a la inversión extranjera directa (IED), la disponibilidad de crédito y el desarrollo empresarial. La reforma llega en un momento delicado, con calificadoras internacionales observando de cerca a México debido a sus ingresos públicos debilitados y un alto déficit. La incertidumbre generada por estos cambios podría resultar en una reducción de la IED y en un menor crecimiento económico, además de poner en riesgo el proceso de nearshoring, una oportunidad crucial para relocalizar empresas que podría no repetirse en décadas.
Además de afectar la inversión y el crédito, la reforma judicial podría tener consecuencias negativas para los hogares mexicanos. Según Campos, en regiones donde el sistema de justicia es sólido, los costos del crédito tienden a ser más bajos y los plazos de pago más amplios, debido a la mayor confianza en la resolución justa y expedita de conflictos. En un entorno de mayor incertidumbre y riesgo, las tasas de interés podrían aumentar, encareciendo el crédito y limitando las oportunidades económicas tanto para individuos como para empresas. Ante estos desafíos, expertos instan al nuevo gobierno a reconsiderar la reforma y buscar alternativas que fortalezcan el Estado de derecho sin comprometer el desarrollo económico del país.
