La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha asignado un presupuesto de 5,000 millones de pesos en 2024 para la reconstrucción y conservación de carreteras federales y caminos alimentadores en México. Este financiamiento se destinará específicamente a 2,381 km de vías afectadas por el Tren Maya en el sureste y la carretera Ciudad Altamirano-Tejupilco, que sufre graves problemas de inseguridad. Estos fondos son adicionales a los 11,000 millones de pesos reservados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), independientemente de las licitaciones ya en curso.
Desde diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ingenieros militares tomarían a su cargo el mantenimiento de la carretera Ciudad Altamirano-Tejupilco, que conecta Guerrero con el Estado de México, y otros tramos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, afectados por el traslado de materiales para el Tren Maya. Esta medida ha generado debate en el sector de la construcción privada, donde se cuestiona la capacidad del Ejército para llevar a cabo tal labor sin la colaboración de empresas especializadas.
El presidente ha criticado el desempeño y los costos de las firmas privadas en proyectos anteriores, argumentando que el Ejército puede realizar las obras de manera más eficiente y económica. Sin embargo, no se mencionó cómo se manejará el mantenimiento de carreteras en otras partes del país, lo que genera incertidumbre entre constructoras privadas, especialmente pequeñas y medianas empresas.
La carretera Ciudad Altamirano-Tejupilco ha sido escenario de violencia y robo, lo que ha complicado su mantenimiento. El presidente ha expresado su deseo de que los ingenieros militares se encarguen de este tramo y lo concluyan antes del fin de su administración. Además, López Obrador señaló la necesidad de vigilar los contratos de asociación público-privada para la conservación de carreteras, sugiriendo que algunos de estos contratos son desfavorables para el Estado.
La participación del Ejército en proyectos de infraestructura, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sucursales del Banco del Bienestar, hospitales y cuarteles de la Guardia Nacional, demuestra la creciente confianza del gobierno en las fuerzas armadas para llevar a cabo obras públicas importantes. Esta estrategia busca entregar resultados rápidos y eficientes, aunque sigue siendo objeto de debate en términos de eficacia y transparencia.
Con información de El Economista | Nota original