La crisis de desapariciones en México ha sido un problema persistente en los últimos gobiernos, y la administración de Claudia Sheinbaum no ha sido la excepción. El hallazgo de cientos de objetos, ropas y restos humanos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, ha provocado indignación y urgido respuestas inmediatas. En respuesta, la presidenta ha anunciado una serie de reformas legales para coordinar los registros de identificación en fiscalías y servicios forenses, buscando mejorar la eficacia en la localización de personas desaparecidas.
Las desapariciones en México suman aproximadamente 115,000 casos registrados oficialmente, convirtiéndose en un problema prioritario en la agenda política. A pesar de los esfuerzos previos, como la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de esclarecer casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el descontento persiste entre los colectivos de búsqueda. Sheinbaum ha enfatizado que estos crímenes no provienen del Estado, sino del crimen organizado, aunque reconoce que las instituciones gubernamentales deben mejorar su respuesta.
Uno de los principales cambios anunciados es la coordinación entre fiscalías estatales, un problema recurrente en el sistema de justicia. En recientes casos, como la desaparición de jóvenes de Tlaxcala cuyos cuerpos fueron hallados en Puebla, se evidenció la falta de comunicación entre autoridades de diferentes entidades. En Teuchitlán, a pesar de inspecciones previas, los agentes no detectaron lo que ahora se considera una fosa clandestina.
El desorden en los registros forenses también ha generado críticas. Casos de personas desaparecidas que terminan en instalaciones del Estado sin ser identificadas revelan la urgencia de fortalecer los procesos de identificación. La falta de recursos y personal capacitado en estas instituciones sigue siendo una barrera importante para la justicia.
Sin embargo, algunas organizaciones de víctimas han expresado su escepticismo ante las medidas anunciadas. Han recordado que muchas de ellas ya cuentan con un marco legal, pero carecen de implementación efectiva debido a la falta de voluntad de la Fiscalía General de la República. También han señalado que el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana durante el gobierno anterior afectó significativamente las búsquedas.
Sheinbaum ha asegurado que su administración buscará diferenciarse de sus predecesores y garantizar el cumplimiento de las leyes existentes. Para ello, ha invitado al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a coordinar esfuerzos en la investigación del caso Teuchitlán, destacando la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
El reto de enfrentar la crisis de desapariciones en México es monumental y requiere no solo voluntad política, sino cambios estructurales profundos. Sheinbaum ha reconocido que la solución debe involucrar a las fiscalías, la policía y el poder judicial, subrayando que el problema no solo radica en la existencia de leyes, sino en su aplicación efectiva. La presidenta ha presentado sus propuestas, pero el verdadero desafío será su ejecución y el impacto real que tengan en la lucha contra la desaparición forzada en el país.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Infobae Para leer la nota original, visita: Sheinbaum sitúa las desapariciones de personas en México en la primera línea de la política | EL PAÍS México
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