La propuesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de incrementar la inversión pública en infraestructura al 6% del PIB refleja una preocupación significativa por el estancamiento en el desarrollo de infraestructuras esenciales en México. La reducción consistente en la inversión pública desde 2009 hasta un mínimo histórico en 2019 ha tenido repercusiones negativas, como el cierre de empresas y la pérdida de empleos en el sector, destacando la necesidad de un enfoque renovado y ampliado hacia la inversión en infraestructura.
El llamado a incrementar esta inversión no solo busca revertir la tendencia decreciente de los últimos años, sino también posicionar a México de manera competitiva frente a los desafíos y oportunidades del nearshoring, asegurando que el país esté preparado para capitalizar el potencial de crecimiento económico y desarrollo social que este representa.
La participación creciente de ingenieros militares en proyectos de infraestructura, aunque ha suscitado preocupaciones dentro de la industria, destaca la urgencia de abordar las «ocurrencias sexenales» y la necesidad de una planeación a largo plazo que involucre a todos los sectores relevantes, incluido el privado y la academia. Este enfoque colegiado podría facilitar una visión más coherente y sostenible del desarrollo de infraestructuras en México.
Las reacciones de los candidatos presidenciales al documento presentado por la CMIC sugieren un reconocimiento de la importancia estratégica de la construcción y la infraestructura para el futuro económico de México. La discusión sobre el papel del Ejército en este ámbito, y el llamado a no desplazar a las empresas privadas especializadas, subraya la necesidad de clarificar y optimizar la distribución de responsabilidades en la realización de proyectos de infraestructura a gran escala.
En este contexto, la propuesta de la CMIC y las respuestas de los candidatos presidenciales reflejan una convergencia en la necesidad de fortalecer la infraestructura como pilar del desarrollo económico, al tiempo que se enfatiza la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para alcanzar objetivos comunes de crecimiento, desarrollo sostenible y competitividad global.
Con información de El Economista | Nota original