Miles de migrantes venezolanos enfrentan hoy uno de los escenarios más críticos desde el inicio del éxodo en 2015. La administración de Donald Trump ha intensificado las deportaciones, muchas de ellas bajo el amparo de leyes como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite expulsiones sin debido proceso en tiempos de guerra o emergencia.
Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, más de 4,100 venezolanos han sido deportados, algunos enviados directamente a cárceles salvadoreñas, conocidas como “Centros de Confinamiento del Terrorismo” (Cecot), y otros detenidos en la base militar de Guantánamo. Aunque el gobierno estadounidense asegura que muchos pertenecen al grupo criminal Tren de Aragua, organizaciones de derechos humanos desmienten esta narrativa, señalando que el 98 % de los deportados no tiene antecedentes penales.
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, denunció que la política migratoria de Trump es “violatoria en todas sus etapas” y que los venezolanos son tratados como criminales sin pruebas. HRW también documentó que muchos de estos migrantes han sido enviados a cárceles salvadoreñas en condiciones inhumanas, con hacinamiento, tortura, desnutrición y sin acceso a justicia, bajo un sistema que cobra 20 mil dólares anuales por cada interno a Estados Unidos.
La situación es aún más delicada por la falta de protección diplomática. El gobierno de Nicolás Maduro, severamente cuestionado en legitimidad y con 900 presos políticos según la ONG Foro Penal, ha sido incapaz de defender a sus ciudadanos. Por su parte, el presidente Edmundo González Urrutia, reconocido por Washington como líder legítimo de Venezuela, mantiene una postura tibia, sin condenas claras a las acciones de Trump y sin exigir garantías para los deportados.
El sociológico Tomás Páez Bravo, del Observatorio de la Diáspora Venezolana, sostiene que el gobierno de Trump ha adoptado una “saña particular” contra los migrantes venezolanos, estigmatizándolos con discursos que los vinculan con el Tren de Aragua. A diferencia de otras comunidades latinas, los venezolanos carecen de redes organizativas sólidas en Estados Unidos, lo que los hace más vulnerables.
Además, el país al que son devueltos no está en condiciones de recibirlos. Desde 2013, Venezuela ha perdido más del 69 % de su PIB y enfrenta una inflación proyectada del 180 % para este año, según el Fondo Monetario Internacional. El salario mínimo permanece en 130 bolívares al mes (aproximadamente un dólar), mientras que la pobreza supera el 86 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
En este contexto, 9.1 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, y aunque la presión migratoria hacia Estados Unidos ha disminuido por las deportaciones masivas, los flujos se redirigen hacia Colombia, Brasil y Europa, señala Páez Bravo.
Hasta el momento, la justicia estadounidense ha sido el principal freno a los abusos. En mayo, tres jueces federales bloquearon la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar venezolanos, y la Corte Suprema respaldó esa decisión el 16 de mayo. Sin embargo, tres días después, el mismo tribunal permitió a Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), dejando en el limbo a unos 350 mil migrantes venezolanos.
Para el opositor venezolano Daniel Ceballos, tanto Trump como Maduro y Bukele usan a los migrantes como “moneda de cambio” en sus agendas políticas. “Los migrantes han quedado atrapados entre gobiernos que hablan de legalidad pero violan derechos humanos”, concluyó.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Entrepeneur Para leer la nota original, visita: Venezolanos, el eslabón más débil de la implacable política migratoria de Trump – Proceso
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