A diferencia de muchos países donde las cárceles son administradas por el Estado, en Estados Unidos la detención de migrantes se ha convertido en un lucrativo negocio privado. Con el posible regreso de Donald Trump a la presidencia y su promesa de implementar una deportación masiva de migrantes, las acciones de las empresas GEO Group y CoreCivic, líderes del sector carcelario privado, se han disparado, generando expectativas de ingresos sin precedentes.
En 2024, GEO Group reportó ingresos por 2.400 millones de dólares, y CoreCivic por 2.000 millones. Con la nueva administración, ambas compañías planean expandirse. Fondos como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs figuran entre sus principales inversionistas, lo que evidencia el respaldo financiero del sector privado a este modelo.
El gobierno de Trump ya ha comenzado a reactivar centros de detención cerrados. GEO Group firmó un contrato por 1.000 millones de dólares para reabrir Delaney Hall en Nueva Jersey, esperando ingresos superiores a 60 millones en su primer año. Por su parte, CoreCivic reiniciará operaciones en el centro de Dilley, Texas, habilitado para alojar nuevamente familias migrantes.
La meta de Trump es clara: deportar a un millón de personas en una primera etapa. Para lograrlo, su gobierno necesita duplicar la capacidad de detención actual, pasando de 41.500 a 100.000 camas. Esto ha impulsado nuevos contratos con empresas privadas y la propuesta de financiamiento por hasta 45.000 millones de dólares en servicios como transporte, vigilancia, salud y mantenimiento de centros.
Sin embargo, este modelo de negocio ha generado múltiples críticas. Activistas y autoridades locales, como el alcalde de Newark, se oponen a la reapertura de estos centros, denunciando condiciones inhumanas y falta de acceso a servicios médicos adecuados. Investigaciones han revelado deficiencias sanitarias y de salud en más de la mitad de los centros inspeccionados entre 2020 y 2023.
Expertos como Bianca Tylek y Setareh Ghandehari advierten sobre los conflictos de interés de estas empresas, ya que tienen incentivos para impulsar políticas migratorias más estrictas que aseguren su rentabilidad, a costa de reducir la calidad de vida de los detenidos. Aunque las empresas aseguran estar supervisadas por el gobierno y comprometidas con los derechos humanos, las denuncias contradicen su discurso.
Con el Congreso como campo de batalla clave, la Casa Blanca busca el respaldo financiero necesario para concretar su ambiciosa política migratoria. Mientras tanto, el sector privado se prepara para capitalizar una de las mayores olas de detenciones en la historia reciente de Estados Unidos.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en La Jornada. Para leer la nota original, visita: Las dos grandes empresas que tienen un lucrativo negocio con las políticas de deportación de migrantes de Trump – BBC News Mundo
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